El Banco Central flexibilizó controles para facilitar las transferencias en dólares

El Banco Central de la República Argentina decidió derogar una normativa que permitía a las entidades financieras rechazar transferencias en moneda extranjera si sospechaban una posible violación a las normas cambiadas del país.

La derogación de la normativa tiene como objetivo principal facilitar las transacciones en el marco del proceso de blanqueo de capitales y aumentar la entrada de divisas al país, es decir, simplificar la regularización de activos no declarados y contribuir a estabilizar las cuentas públicas. Sin embargo, el Gobierno enfrenta serios desafíos en distintos frentes, incluyendo un riesgo país elevado y una caída en las reservas del Banco Central.

Entre las normativas derogadas se encuentran aquellas relacionadas con el principio de "conozca a su cliente", que exigía a los bancos identificar y monitorear los movimientos de cada depositante para detectar posibles operaciones de lavado de dinero. También se eliminó la obligación de tomar "recaudos especiales" antes de realizar una transferencia.

La Comunicación "A" 8090 del Banco Central establece regulaciones específicas para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERAS), que permiten depositar dinero en varias ocasiones, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. Las entidades financieras deben conservar registros detallados de todos los depósitos realizados en estas cuentas.

Se establecieron límites para las transferencias, de hasta $100.000, y se requiere una declaración jurada indicando que el dinero será utilizado en operaciones específicas y antes de una fecha límite. También se pueden aplicar retenciones impositivas a las transferencias, según lo determine la AFIP.

La decisión del Banco Central llega en un momento crítico, ya que Argentina enfrenta el riesgo de ser incluida nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por fallas en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.