Redacción
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad las tres leyes aprobadas recientemente por el Congreso que disponían aumentos a jubilados, restituían la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas. La decisión quedó oficializada este lunes 21 de agosto a la madrugada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 534/2025, publicado en el Boletín Oficial.
En el texto, el Gobierno argumentó que las iniciativas implicaban un gasto adicional superior a los $7 billones para 2025 y cerca de $17 billones en 2026, sin contar con fuentes de financiamiento claras ni cálculos actuariales que garantizaran su sostenibilidad. Según el Ejecutivo, su implementación ponía en riesgo el equilibrio fiscal, las metas económicas y la estabilidad del sistema previsional.
Con la medida, quedó sin efecto el incremento del 7,2% en haberes y pensiones, así como la suba del bono previsional, que iba a pasar de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación.
En el caso del proyecto de emergencia en discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, la norma sancionada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y elevaba las pensiones no contributivas por invalidez al 70% del haber mínimo jubilatorio, permitiendo además su compatibilidad con empleos formales cuyo ingreso no superara los dos salarios mínimos.
Tras el receso legislativo, los bloques aliados y legisladores cercanos a los gobernadores dialoguistas se preparan para respaldar los vetos en el Congreso. El oficialismo necesita el voto de los dos tercios en al menos una de las cámaras para dejar firme la decisión presidencial, objetivo que asegura poder alcanzar en Diputados, cámara de origen de las iniciativas.
La Casa Rosada sostiene, además, que la sesión del Senado en la que se sancionaron las leyes de aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad fue inválida. En ese sentido, advirtió que judicializará los proyectos si el Congreso rechaza los vetos. El Ejecutivo reafirma que su prioridad es preservar el equilibrio fiscal de cara a las elecciones de octubre, evitando medidas que —a su criterio— comprometan la estabilidad económica del país.
