Redacción
El presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando la necesidad de mantener el déficit cero. La medida fue formalizada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial en la madrugada de este jueves, que en su primer artículo señala: “Obsérvase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757”.
El decreto emitido por el Ejecutivo advierte que el proyecto sancionado por el Congreso no cumple con el marco jurídico vigente, ya que no considera el impacto fiscal ni especifica de dónde provendrían los fondos necesarios para financiarlo. En este sentido, se estima que la implementación de la ley habría generado un aumento de $251.907.500.000 en los presupuestos de las universidades nacionales hasta agosto de 2024, junto con un gasto adicional de $811.569.000.000 destinado a la recomposición salarial del personal.
El Poder Ejecutivo también señaló que la ley presentaba contradicciones con la normativa vigente en relación a la negociación colectiva y la gestión de la Administración Financiera Pública. En particular, se destacaba que la medida beneficiaría al personal universitario en mayor medida que al resto de los empleados públicos, al establecer un incremento salarial del 87% entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 para el sector universitario, en comparación con el 78% otorgado al resto de la Administración Pública Nacional durante el mismo período.
El Gobierno justificó el veto al señalar que las mejoras salariales deben ser alcanzadas a través de las negociaciones colectivas de trabajo, no mediante disposiciones legislativas que otorguen ventajas desproporcionadas a un grupo específico de trabajadores.
El veto de Milei llega apenas un día después de la masiva marcha universitaria federal que tuvo lugar en varias ciudades del país, en la que miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios reclamaron por mayores recursos para las casas de altos estudios. En respuesta a esta manifestación, la Oficina del Presidente calificó el proyecto de ley como “un irresponsable aumento del gasto público”, ratificando así su compromiso con una política fiscal estricta y de control del déficit.
Esta es la segunda vez en pocas semanas que el Ejecutivo rechaza una ley sancionada por el Congreso. Anteriormente, el presidente también había vetado un proyecto relacionado con la recomposición de las jubilaciones, reafirmando la postura de su administración de no comprometer las finanzas públicas en beneficio de sectores específicos sin el debido respaldo presupuestario.
