La Justicia argentina ordenó este lunes la captura de Nicolás Maduro y uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país. Los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe habían elevado el pedido a la Cámara Federal porteña junto con representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia.
El fallo no solo se centra en Maduro y Cabello, sino que también involucra a más de treinta altos funcionarios y militares chavistas, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia leales al régimen.
La decisión fue tomada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, quienes emitieron el fallo este lunes por la tarde.
Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.
Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas.
“Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder.”, reveló el abogado Tomás Farini Duggan.
Duggan es uno de los impulsores junto al actual ministro de seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los dirigentes chavistas. Aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.
Con esta resolución, la justicia argentina se suma a los esfuerzos internacionales por sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes intentan perpetuarse en el poder a través de la violencia y el terror.
