Redacción
Los Tribunales de Villa María atraviesan un escenario de alta tensión institucional tras confirmarse la imputación de la fiscal Juliana Companys y la existencia de una denuncia penal que ella misma impulsó contra contra otro magistrado, un colega de su misma jurisdicción.
Para garantizar la imparcialidad, la causa contra Companys no es investigada por sus pares de Villa María, sino por la Justicia de Río Segundo. Allí, la jueza de control María Licia Tulián formalizó la medida por presunta falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción, luego de que la fiscal Patricia Baulies considerara que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal.
Este proceso contra la funcionaria judicial se originó a partir de una presentación de Alicia Peresutti, quien paradójicamente se encuentra imputada por la propia Companys en una causa por asociación ilícita y defraudación que está próxima a elevarse a juicio. En el nuevo expediente, la Justicia analiza presuntas maniobras de presión y amedrentamiento sobre testigos durante diversas actuaciones judiciales, lo que derivó además en un pedido de jury de enjuiciamiento ante el Tribunal Superior de Justicia con el objetivo de lograr su destitución.
En simultáneo a su imputación, Juliana Companys motorizó una denuncia contra un fiscal de su misma jurisdicción por supuesta manipulación de causas penales y entorpecimiento de procesos para favorecer a imputados. Si bien no existe una confirmación oficial por parte de los organismos judiciales, diversas fuentes del ámbito tribunalicio indican que el funcionario señalado sería René Bosio.
La presentación se realizó mediante una promoción de investigación jurisdiccional bajo el artículo 341 del Código Procesal Penal y recayó en el Juzgado de Control a cargo de María Soledad Dottori. La fiscal denunciante aportó como prueba registros fílmicos, testimonios de policías y abogados, además de conversaciones de WhatsApp que acreditarían conductas irregulares sostenidas en el tiempo. Debido a la gravedad de los hechos denunciados y al temor por posibles represalias, se dispuso que Companys permanezca bajo custodia policial.
Por su parte, la defensa de la magistrada, ejercida por Manuel de Allende y Facundo Cortés Olmedo, rechazó las acusaciones en su contra asegurando que se trata de ataques sistemáticos derivados de su función pública.
El escenario judicial se completa con otros frentes abiertos para la fiscal, quien ya enfrenta un sumario administrativo por su exposición en un documental sobre la causa Generación Zoe. Asimismo, el pedido de jury impulsado por el abogado Dionisio Centeno cuestiona procedimientos vinculados al secuestro de teléfonos celulares y presuntas irregularidades en el acceso a la información privada de los dispositivos.
La investigación penal continúa bajo secreto de sumario mientras se aguardan las declaraciones de los protagonistas y la resolución de las instancias superiores.
