Redacción
El Gobierno de Córdoba oficializó un nuevo protocolo que obliga a quienes generen falsas amenazas de tiroteo en establecimientos educativos a costear los operativos de seguridad. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos de las intervenciones de la Policía de Córdoba, brigadas especiales y bomberos serán reclamados a los padres de los implicados.
A partir de esta disposición, cualquier intimidación pública o falsa alarma que demande el despliegue de recursos estatales tendrá consecuencias económicas directas para los responsables. El procedimiento administrativo prevé que, una vez identificados e imputados los autores por la Justicia, se proceda a cuantificar los recursos humanos y materiales utilizados en cada procedimiento.
El ministro Juan Pablo Quinteros explicó que cada operativo de estas características moviliza móviles, sistemas de emergencia y tareas investigativas que afectan la prevención del delito en otros sectores. El funcionario remarcó que estas conductas alteran el funcionamiento escolar y generan angustia en la comunidad, por lo que el Estado avanzará con intimaciones de pago y acciones judiciales.
El protocolo se aplicará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal y las áreas administrativas correspondientes para garantizar el recupero de los fondos. Según informaron desde la Provincia, el objetivo es evitar que los costos operativos de estas falsas denuncias recaigan sobre el presupuesto público y los contribuyentes.
