El gobernador Martín Llaryora encabeza una mesa de trabajo en el Centro Cívico para diseñar la cuarta oferta salarial destinada al gremio docente. Tras el dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial dispone de un margen de dos semanas para elaborar un esquema que permita superar el conflicto con la UEPC, luego de que las bases rechazaran las propuestas basadas en la cláusula gatillo.
La alternativa en estudio contempla un incremento anual cercano al 26%, el cual se distribuiría en al menos cuatro tramos durante el 2026. Esta iniciativa marca un cambio de rumbo respecto a los ofrecimientos anteriores, que se centraban en actualizaciones atadas al índice de precios y un aumento del 92% en el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), puntos que generaron malestar en las asambleas escolares.
Entre las medidas analizadas por el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y cuatro ministros, se destaca la posibilidad de otorgar una mejora superior a los 22 mil docentes de nivel primario con un solo cargo. Según fuentes oficiales, este sector percibe salarios iniciales cercanos a los 970.000 pesos, y se busca atender la heterogeneidad del escalafón para lograr un consenso definitivo.
El escenario de negociación se desarrolla en un contexto de fragilidad fiscal debido a la caída de la recaudación provincial y de la coparticipación federal. El Gobierno provincial advirtió que no firmará acuerdos que comprometan la sostenibilidad de las cuentas públicas, considerando además que cualquier arreglo con los docentes impactará en las paritarias de los otros ocho gremios estatales.
El plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo vence el próximo 21 de abril. Si bien el Ejecutivo tiene la facultad de solicitar una extensión por otros 10 días hábiles, el objetivo de la gestión de Martín Llaryora es sellar el acuerdo paritario anual lo antes posible para despejar el panorama de reclamos sindicales durante el resto del año.
