Redacción
Con cuidado, y evaluando diversas opciones, el Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un Decreto que permitirá ampliar la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas, incluyendo la posibilidad de enfrentar organizaciones terroristas y narcotraficantes, especialmente en áreas fronterizas.
Aunque el texto definitivo aún no está listo, el ministro de Defensa, Luis Petri, junto a su equipo legal, intensificaron en los últimos días el análisis de esta propuesta, que se viene gestando desde el inicio de la administración de Milei.
La decisión de acelerar esta medida surgió tras la difusión de un video en el que cuatro narcoterroristas amenazan con armas de guerra a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El objetivo central de las autoridades es modificar el Decreto 727, promulgado en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el cual restringe la actuación militar exclusivamente a agresiones de Estados extranjeros, dejando fuera otras amenazas.
Desde su asunción, la administración de Javier Milei buscó otorgar un papel más destacado a las Fuerzas Armadas, modernizando su equipamiento mediante la adquisición de nuevos aviones y vehículos militares, y ampliando sus facultades operativas.
El objetivo del Gobierno es que, inicialmente, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina y otras fuerzas de seguridad en las zonas fronterizas, especialmente en aquellos pasos sin control migratorio, para frenar el ingreso de drogas al país.
Estas reformas permitirían a las Fuerzas Armadas realizar tareas como patrullaje, control de personas y vehículos, y detenciones en flagrancia bajo circunstancias específicas.
Se prevé que la intervención militar se active ante situaciones que generen terror en la población y ameriten investigaciones penales, lo que lleva a interpretar que la lucha contra el narcotráfico en Rosario podría justificar dicha intervención.
