Redacción
A través de la Resolución N° 398/2024, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba declaró el estado de Desastre Agropecuario desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.
Esta medida ampara a los productores agropecuarios, incluyendo sectores agrícolas, forestales, frutihortícolas, ganaderos, tamberos y apícolas, que se han visto gravemente afectados por los incendios ocurridos en agosto y septiembre de este año.
El alcance de esta declaración abarca las áreas afectadas que fueron delimitadas geográficamente a través de polígonos georreferenciados, los cuales comprenden zonas como Villa Yacanto, Villa Berna, La Calera, Ischilín, Ambul, Chancaní, Villa Gutiérrez, Capilla del Monte, Corral de Piedra. y Ascochinga. Estas regiones, fuertemente impactadas por los incendios, recibirán una serie de beneficios fiscales y alivios financieros destinados a mitigar los daños sufridos.
En el marco de la Ley N° 7.121, los productores que se encuentren dentro de las áreas afectadas y cuya actividad haya sido comprometida por los incendios, podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos. Entre ellos, se incluye la exención del pago de varias cuotas del Impuesto Inmobiliario Básico Rural (cuotas 9, 10, 11 y 12 del año 2024), así como la parte proporcional del Impuesto Adicional del Impuesto Inmobiliario Básico Rural y las diferencias de impuestos correspondientes al año 2024. Además, la medida incluye la exoneración parcial de la Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA).
En el caso de que los productores afectados ya hayan abonado los impuestos mencionados, la Dirección General de Rentas establecerá la acreditación de los importaciones pagadas contra futuras obligaciones tributarias. Esto permitirá aliviar la carga fiscal de los productores, ayudándoles a recuperarse tras los incendios que devastaron sus propiedades y medios de producción.
Además, ya se efectuó la elevación de la homologación de emergencia nacional, lo que permitirá que los productores afectados puedan acceder a mecanismos de refinanciamiento de deudas con la banca pública, así como la prórroga de impuestos nacionales, contribuyendo a un alivio financiero integral para el sector agropecuario en crisis.
