Redacción
Desesperación y llamas imparables: continúa la incesante lucha contra el fuego en el norte del Valle de Punilla
El viento no da un minuto de tregua y el fuego avanza destruyéndolo todo a su paso, en un incendio forestal que lleva tres días sin pausa. Este viernes en la noche había 32 personas evacuadas y eran 13 las viviendas quemadas.
300 bomberos batallan contra las llamas en Capilla del Monte, donde hasta el intendente tuvo que evacuar preventivamente a su familia ante la llegada del fuego, a pocos metros su casa, en el barrio La Toma.
Todo comenzó hace tres días, con un incendio intencional en Dolores, en la localidad de San Esteban, que luego se desplazó hasta Capilla del Monte. Allí hubo viviendas que tuvieron las llamas a escasos metros.
Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia, habló de "un combo explosivo" en la zona por la escasa humedad y las fuertes ráfagas que facilitaban la propagación de las llamas.
A su vez advirtió de un "comportamiento irracional de los reinicios", lo que les hizo sospechar que había personas encendiendo fuego. Esta tarde hubo un detenido.
“Nos preocupa Los Cocos. El incendio va para aquel lado, así que hay que frenarlo”, dijo Schreiner.
De hecho, las llamas llegaron el viernes a la noche hasta las aerosillas de esta localidad. Los bomberos trabajaron toda la noche ante la latente preocupación de que el fuego llegue a La Cumbre este sábado, que tendrá condiciones climáticas iguales o peores que las del viernes.
Por su parte, el gobernador Martín Llaryora recorrió las zonas afectadas por los incendios en Capilla del Monte y alrededores, donde se reunió con bomberos y les agradeció el esfuerzo y el compromiso en cada operativo.
Al mismo tiempo, anticipó que el Gobierno de la Provincia de Córdoba pedirá ser querellante en la causa que investiga el origen de los incendios.
El mandatario provincial declarará zona de catástrofe los municipios afectados por los incendios en Punilla y amplió el fondo especial para catástrofes de 1.500 a 5.000 millones de pesos, para agilizar la respuesta de las autoridades locales frente a la emergencia.
